Con esa sensación agridulce de cierre de capítulo que te dejan siempre estos días de verano previos a las vacaciones, cuando atisbas el horizonte del curso próximo sin estar todavía inmerso en él, nos encontramos, un año más, en el Instituto Autor.
Es hora de hacer balance y de confirmar la programación de actividades del curso próximo. De ver qué podemos mejorar y qué nuevos objetivos marcar. En ello estamos...
Sin duda, éste curso 2011-2012 ha estado repleto de hechos importantes para el sector de la propiedad intelectual, que han dado lugar a muchas noticias.
Pero no voy a hacer aquí ahora un repaso de todo ello, porque para eso están los post que hemos ido escribiendo en este Blog a lo largo de todo el año, así como nuestras secciones de noticias.
Sí que me gustaría destacar hoy dos asuntos que nos estarán esperando a la vuelta de las vacaciones y que van a tener una enorme repercusión para los profesionales y las empresas del sector de la cultura y de la propiedad intelectual. Uno, en positivo, o al menos eso creemos, si las cosas se hacen con sentido común. El otro, sin duda en negativo, como ya se viene denunciando desde varios sectores hace días.
En el primero de los casos me refiero a la Propuesta de Directiva de Gestión Colectiva, recientemente aprobada por la Comisión Europea y que ahora inicia su proceso de aprobación por el Parlamento y el Consejo Europeos. Sin duda es positivo regular un sector para dotarlo de un mínimo común denominador en todo el territorio de la UE en lo que a sus procedimientos de funcionamiento, control de su actividad y transparencia se refiere. Las entidades de gestión en el seno de la UE responden a realidades jurídicas muy dispares. Actúan en entornos legales diferentes. En algunos casos se trata de monopolios de hecho (como es el caso de la mayoría de las sociedades de música), en otros caso en monopolios de derecho (como el caso italiano). Otras actúan en competencia, (como es el caso de SGAE y DAMA). En algunos casos existen derechos de gestión colectiva obligatoria en unos países (vease el caso de los derechos de remuneración de los autores audiovisuales en España) y en otros no. Y así podríamos seguir dando ejemplos durante un buen rato...
La propuesta de directiva no plantea soluciones a todas estas cuestiones, ni mucho menos, pero forma parte de la estrategia global de la Comisión Europea de armonizar más en el campo de la propiedad intelectual. La propuesta de directiva se centra en dos aspectos muy concretos; por un lado, fijar pautas de buen gobierno y de relación entre las entidades y sus socios que sean homologables entre los distintos países de la UE; por otro, promover el desarrollo del mercado de contenidos musicales online, simplificando el actual sistema de licenciamiento y reduciendo la fragmentación de repertorios.
Y es en esta segunda cuestión donde está la clave y donde se juega el futuro de la producción cultural europea. Donde los políticos europeos tienen que entender, ahora que les toca legislar sobre este punto, lo que está en juego. Me refiero al papel de las sociedades de autor locales para difundir la música y el audiovisual dirigidos a los pequeños públicos. A lo que se conoce como "repertorios locales" y de lo que Europa está plagado, conformando así lo que se conoce como diversidad cultural y que la hace única y tremendamente rica, frente a otros mercados de contenidos culturales. La futura Directiva de gestión colectiva tiene que salvar ese punto, garantizando el acceso de los pequeños repertorios a las plataformas de oferta online, preservando así nuestra diversidad y riqueza culturales y protegiendo el papel de las entidades de gestión como defensoras de los intereses de quienes tienen la posición más débil en el negocio de los contenidos. Los creadores.
En el segundo de los casos, me refiero a la subida del IVA para los bienes culturales hasta un 21%. Las empresas y profesionales de todos los sectores de la cultura se han alzado en bloque, con una sóla voz, para pedir al Gobierno que se replantee la subida en 13 puntos del IVA, de una tacada, por el daño irreparable que ésta va a provocar en un sector muy perjudicado ya por la crisis económica. Esta subida es perniciosa en muchos aspectos:
El más grave, porque agrandará la brecha en lo que al acceso a la cultura se refiere para las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad, poniendo en riesgo el principio constitucional fijado en el artículo 44.1 de nuestra Constitución ("los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho").
Pero además, esta medida supone un freno al crecimiento de un sector económico clave para nuestro desarrollo, como es el basado en la creatividad (las Industrias culturales aportan un 4% al PIB de nuestro país y suponen en torno a un 3% del PIB en el marco de la UE), donde el paro y la destrucción de tejido empresarial son especialmente dramáticos desde los inicios de la crisis económica.
Además, esta medida cierra a nuestro país la posibilidad de apostar por otras vías de desarrollo de nuestra economía. Aquellas que contribuyen a cambiar el tantas veces citado "modelo productivo" sobre la base del conocimiento, el talento, la diversidad cultural y el trabajo de calidad.
Por último, también cabe citar que la subida drástica del IVA en España supone un hecho aislado en el seno de la UE, donde los bienes culturales siguen beneficiándose de un tipo más reducido y contrario a las últimas medidas emprendidas por las autoridades europeas en este sentido, las cuales abogan por una armonización del IVA para todos los bienes culturales (Resolución del PE de 13 de octubre de 2011; Libro Verde de la Comisión Europea sobre el futuro del IVA de 1 de diciembre de 2012; Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre el Futuro del IVA).
Y, por último, como lectura recomendada, esta vez os invito a leer el artículo publicado por Bernard Miyet el sábado 21 de julio en El País. En el que trata todas estas cuestiones y muchas más, con lucidez y sin complejos.
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