EE.UU.: Autores y artistas presentan un amicus curiae apoyando la decisión del Copyright Royalty Board sobre las tarifas de reproducción de música en streaming

Patricia Muñiz de la Oliva.

El 19 de noviembre de 2019, la Songwriters of North America (“SONA”) y la Music Artists Coalition (“MAC”) presentaron un amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de Distrito del Circuito de Columbia (United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit). Dicho Tribunal estudia la apelación concerniente al recurso presentado entre otros por Google, Amazon, Spotify y Pandora ante la decisión tomada por el Copyright Royalty Board (CRB) respecto a la tarifa de la compulsory license “Fonogramas III” (Rates and Terms for Making and Distributing Phonorecords –Phonorecords III-), tarifa que ya tuvo ocasión deexplicar el Instituto Autor, y que afecta a todos los servicios de puesta a disposición de fonogramas de obras musicales, es decir, los servicios de streaming.

La “compulsory license” se trata de una licencia establecida en el art.17 sección 115 del U.S.Code y cuya cuantía la determina periódicamente el CRB a falta de consenso, con participación de las partes interesadas, y que permite que una compañía que esté interesada en explotar los derechos de reproducción mecánica de una obra musical no necesite un permiso específico de autor o editor que sea titular de derechos de la obra; y sólo deberá pagar la tarifa correspondiente fijada por el CRB.

La tarifa aprobada para dicha licencia, establece los nuevos términos para la reproducción y distribución de fonogramas para el periodo comprendido entre 2018 y 2022, que fija los porcentajes y términos para licenciar los derechos de los compositores y editores de obras musicales que vayan a ser reproducidas y distribuidas como fonogramas físicos, descargas digitales y streaming digital bajo demanda. En la decisión recurrida la tarifa se aumentó en un 4.60% por el CRB (del 10.5% al 15.1%).

SONA y MAC en su escrito, enfatizan que los productores de fonogramas son titulares de su propio derecho de reproducción sobre el fonograma que incorpora la obra musical y que a diferencia de los editores y autores, ellos pueden negociar con los servicios de streaming para la puesta a disposición de dichos fonogramas libremente en el mercado, sin las restricciones que supone la existencia de una licencia obligatoria o compulsory license. Asimismo, apoyan los argumentos esgrimidos por los jueces, que consideraron que los titulares de los derechos de los fonogramas pueden alcanzar un mayor valor para sus grabaciones de sonido que el que reciben los editores de música y los compositores por el uso de las obras musicales subyacentes. Los jueces determinaron que, en el contexto de transmisión interactiva, las obras musicales han sido infravaloradas en comparación con las grabaciones de sonido y que la tarifa obligatoria para las obras musicales debería ser mayor.

La nueva tarifa tiene una posición más alineada con aquellas que se negocian en otros países donde no existen este tipo de licencias obligatorias que interfieran en el proceso de negociación entre titulares de derechos y prestadores de servicios.

Estas organizaciones representantes de los autores y artistas opinan que los jueces del CRB, con un criterio fundamentado, ajustaron la fórmula de cálculo desde una aproximación equilibrada para proteger a autores y editores musicales, mantuvieron un pago mínimo por suscriptor y decidieron incrementar gradualmente durante cinco años la tarifa para minimizar el riesgo de la disrupción de la industria.

Asimismo, consideran que los jueces del CRB al incluir como factor a contemplar el valor de los pagos a las productoras por el uso de los fonogramas por parte de los servicios de música, llamado en la tarifa como Coste del Contenido Total (Total Content Cost –TCC-), rechazan el establecer un límite máximo a dicha cantidad, con el objetivo de asegurar que los autores puedan beneficiarse de unas rentabilidades más altas obtenidas por las productoras en el libre mercado, al margen de las consecuencias adversas de la compulsory license.

En virtud de todo lo anterior, los interesados SONA y MAC, piden que se apoye la decisión tomada por los jueces del Copyright Royalty Board respecto a la tarifa de la compulsory licence para la realización y distribución de fonogramas.

 

Fuentes: Brief Amicus Curiae presentado el 19/11/2019 para el caso USCA Case #19-1059 ante el United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit,Digital Music News,Complete Music Update.