El Departamento de Justicia de Estados Unidos revisará los Decretos de Consentimiento Paramount

  • 28 Ago, 2018
  • Leire Gutierrez Vázquez
EE. UU.

Leire Gutiérrez Vázquez.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha anunciado que revisará los llamados “Decretos de Consentimiento Paramount” (Paramount Consent Decrees), que han tutelado la forma en que los estudios cinematográficos han distribuido películas en cines durante los últimos 70 años. Tras la resolución judicial de 3 de mayo de 1948, en el conocido caso como “Estados Unidos v. Paramount Pictures, Inc. No. 79-to-86”, el Tribunal Supremo puso fin a las prácticas abusivas y antimonopolio de los principales estudios cinematográficos de Estados Unidos, limitando su actuación a la hora de exhibir y distribuir películas en salas de cine.

El caso comenzó en el año 1938 cuando el Gobierno de Estados Unidos interpuso una demanda contra Paramount Pictures, Inc., Twentieth Century-Fox Corporation, Loew’s Incorporated (ahora Metro-Goldwyn-Mayer (“MGM”), Radio-Keith-Orpheum (disuelta en 1959), Warner Brothers Pictures, Columbia Pictures Corporation, Universal Corporation, y United Artists Corporation, a raíz de una investigación de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission), alegando que estaban abusando de su posición de dominio, al fijar precios mínimos para las entradas de cine y al obligarles a adquirir bloques de sus películas para su posterior exhibición.

Los estudios demandados, además de producir y distribuir sus películas, eran dueños de las principales salas (en sociedad o individualmente) donde se exhibían las mismas, por lo que centraban la cartelera de las salas de cine en películas de su propia producción, creando un oligopolio de facto y vulnerando como consecuencia los artículos 1 y 2 de la (Sherman Antitrust Act, 1890).

Durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Sur de Nueva York (District Court of the United States for the Southern District of New York) demostró que los demandados estaban restringiendo y monopolizando el mercado de la distribución y de la exhibición cinematográfica, y que habían conspirado para monopolizar el comercio interestatal en las principales ciudades más grandes del país. Entre las pruebas del caso quedó demostrado, gracias a varios contratos celebrados entre los demandados y salas de cine, que las licencias de distribución y las condiciones del contrato (precio mínimo de entrada, etc.) eran prácticamente idénticos con todos lo demandados del caso.

En virtud de lo anterior, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y prohibió prácticas como la compra de películas en paquetes (reduciéndolo a 5 películas), la “compra ciega” de películas sin verlas con anterioridad para su exhibición en salas, las licencias exclusivas geográficas y la imposición de un precio mínimo para las entradas de cine.

Según ha informado el DOJ en su comunicado de prensa, la decisión de revisar estos consentimientos tiene el objeto de aclarar un panorama complejo y anticuado, que ha dado origen a una jurisprudencia repleta de sentencias, y que, en último término, podrían perjudicar los esfuerzos de innovación.

La revisión del DOJ determinará si los Decretos de Consentimiento Paramount deben ser modificados, o incluso eliminados. Para ello, el DOJ ha abierto un plazo de 30 días (hasta el 4 de septiembre) para enviar comentarios a esta propuesta de revisión.

Fuente: The United States Departamento of Justice, US Supreme Court, Competition Policy International.

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