EE. UU.: Live Nation, condenada por vulnerar las leyes antimonopolio federales y estatales

Juana Escudero Méndez.

El pasado día 9 de marzo, Live Nation llegaba a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. para poner así fin al procedimiento seguido contra la empresa durante los dos últimos años, tras la demanda antimonopolio interpuesta contra ella, que llegó a juicio en Nueva York en los primeros días de marzo de 2026, tras dos años.

En virtud del acuerdo extrajudicial alcanzado, Live Nation aceptaba ciertas restricciones en su modelo de negocio sobre Ticketmaster y pagar hasta 280 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Live Nation, que controla al menos el 80% de la venta de entradas en las principales salas de conciertos y gestiona directamente más de 400 artistas, buscaba evitar, mediante este acuerdo, que sus directivos debieran declarar ante el tribunal y que sus prácticas y modelo de negocio fueran sometidos a escrutinio público. De hecho, los términos del acuerdo alcanzado no fueron dados a conocer ni siquiera al tribunal.

Live Nation se avenía a que empresas competidoras en el ámbito de la venta de entradas, como SeatGeek o StubHub, pudieran utilizar la plataforma de Ticketmaster. Asimismo, accedía a que sus acuerdos de exclusividad para la venta de entradas de espectáculos en determinados recintos quedasen limitados a un plazo de cuatro años, permitiendo que tales recintos reservasen algunas entradas para cada espectáculo a otros vendedores.

Live Nation se comprometía a poner fin a sus acuerdos exclusivos de reservas de entradas con trece recintos al aire libre en Estados Unidos y a limitar las comisiones de Ticketmaster en los espectáculos que se celebrasen en los recintos que administra al 15%. Solo en EE. UU., controlan más del 60% de las promociones de conciertos y posee o controla más del 60% de los grandes anfiteatros y recintos.

Las indemnizaciones acordadas se pagarían a los treinta y nueve estados federales involucrados en la demanda, promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales generales estatales, incluidos los de los estados de California, Nueva York y Washington.

La demanda antimonopolio interpuesta en su día alegaba que el ecosistema de la música en vivo en Estados Unidos se encontraba quebrado por haber quedado sometido al monopolio formado por Live Nation y su empresa subsidiaria, Ticketmaster, que, juntos, han impuesto cómo se gestionan los conciertos y su promoción, los recintos y la venta de entradas, eliminando toda posibilidad de competencia por parte de otros actores, en detrimento de los legítimos intereses de los artistas y del público.

En las semanas previas al juicio, Live Nation contrató a varias figuras relevantes del movimiento MAGA, cercanas al presidente Donald Trump, para ejercer presión sobre la jefa del Departamento de Justicia, Pam Bondi, a fin de que propiciara el acuerdo extrajudicial e, incluso, varios medios de comunicación estadounidenses relacionaron esta presión con la salida de Gail Slater, directora del equipo antimonopolio del Departamento de Justicia, de su cargo. La pretensión de este Departamento era la reversión de la fusión que, en 2010, reunió a Live Nation y Ticketmaster, que quedaba así descartada.

No todos los estados que se adhirieron a la demanda judicial suscribieron el acuerdo extrajudicial. Diez de ellos lo hicieron, pero veintisiete de los restantes, mayoritariamente aquellos cuyos fiscales generales son demócratas, manifestaron que proseguirían con la demanda si el acuerdo se revelaba insuficiente.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, adelantaba que lo consideraba insatisfactorio: “Durante años, Live Nation ha obtenido enormes ganancias explotando su monopolio ilegal y aumentando los costes de los espectáculos. El acuerdo recientemente anunciado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aborda el monopolio que está en el centro de este caso, y beneficia a Live Nation, a expensas de los consumidores”.

Quedaba entonces que los fiscales generales de los estados negociaran su propio acuerdo con la empresa de entretenimiento en vivo y, si no lo consumaban, el caso habría de volver al tribunal.

Así sucedió y treinta y cuatro estados prosiguieron la demanda hasta que el 15 de abril de 2026, el jurado que actuaba en el procedimiento seguido en el tribunal de Nueva York ha resuelto que Live Nation ha operado como un monopolio en violación de las leyes antimonopolio federales y estatales.

El juez encargado del caso, Arun Subramanian, deberá determinar ahora las medidas correctivas en un procedimiento separado. Entre las posibles sanciones, cabría obligar a la empresa a llevar a cabo desinversiones significativas. Live Nation podría, incluso, ser obligada a llevar a cabo una escisión respecto de Ticketmaster, una medida que el gobierno federal de EE. UU. había solicitado cuando presentó la demanda en 2024.

Además de las posibles medidas estructurales, Live Nation también deberá afrontar indemnizaciones económicas como resultado del veredicto. El jurado concluye que Ticketmaster cobraba a los consumidores un sobreprecio por cada entrada vendida. En los próximos días, el juez fijará la cifra total de los daños basándose en esta determinación.

Este fallo representa un hito en la aplicación de las leyes antimonopolio en Estados Unidos, al tiempo que abre la puerta a cambios profundos en el funcionamiento del mercado de conciertos y música en vivo y de venta de entradas en el resto del mundo.