España: El Gobierno aprueba el proyecto de ley que garantizará una supervisión humana y un uso confiable de la inteligencia artificial

Silvia Pascua Vicente.

El 26 de mayo de 2026, el Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, aprobó el “Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial” (IA).

De acuerdo con el comunicado oficial, el proyecto tiene como finalidad adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial).

En particular, el proyecto de ley establece un marco nacional de gobernanza mediante la designación de autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa. En el caso de los productos ya regulados por normativa sectorial, se mantendrán las mismas autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado actualmente competentes.

Por su parte, el resto de los sistemas de IA no regulados por legislación sectorial específica, las competencias de supervisión se atribuyen principalmente a la Agencia de Supervisión de inteligencia Artificial (AESI), así como, a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, el proyecto recoge el enfoque basado en el riesgo establecido por el Reglamento europeo, clasificando los sistemas de IA en función de su potencial impacto sobre los derechos fundamentales, la seguridad y la salud de las personas.

Por otro lado, iniciativa de España y con el apoyo de Francia, la Unión Europea acordó incorporar dos nuevas prácticas prohibidas a Reglamento de IA. Entre ellas, la prohibición de introducir en el mercado, poner en servicio o utilizar sistemas de inteligencia artificial destinados a generar o difundir “deepfakes” sexuales sin consentimiento.

Igualmente, estarán prohibidos los sistemas que empleen técnicas subliminales o manipulativas destinadas a alterar el comportamiento de las personas sin su consentimiento cuando ello pueda causarles un perjuicio considerable. También se prohíben los sistemas que exploten vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica de una persona con el fin de modificar sustancialmente su comportamiento de manera perjudicial.

Del mismo modo, quedarán prohibidos determinados usos de sistemas biométricos destinados a clasificar a las personas en función de categorías sensibles, así como los sistemas de calificación social que evalúen a individuos o grupos en función de su comportamiento social o de características personales para adaptar decisiones desfavorables, como la denegación de ayudas públicas, subvenciones o préstamos.

En relación con las sanciones, el proyecto prevé que las infracciones se clasifiquen en muy graves, graves y leves, garantizando el principio de proporcionalidad. Las sanciones podrán alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global anual de la empresa infractora en los supuestos más graves, y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en el caso de las infracciones leves.

Asimismo, se incorporan mecanismos orientados a priorizar la corrección del incumplimiento frente a la mera penalización, incluyendo reducciones en las sanciones por pronto pago o por la adopción de medidas correctoras. También se prevé una consideración específica del tamaño de las empresas, en línea con el enfoque del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, el proyecto de ley organiza también pretende impulsar el buen uso de responsable y transparente de la IA en el sector público estatal mediante la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, no limitado exclusivamente a sistemas de alto riesgo. Esta medida persigue reforzar la transparencia, la trazabilidad y la rendición de cuentas en el empleo de tecnologías de IA por las administraciones públicas.

El proyecto de ley orgánica será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

Fuentes: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (El Gobierno aprueba el proyecto de ley que garantizará una supervisión humana y un uso confiable de la IA), La Moncloa (Referencia Consejo Ministros – 26.5.2026).