Nueva Zelanda: El gobierno prepara una consulta para modernizar la legislación sobre derechos de autor

  • 9 Ene, 2018
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LegislaciónNueva ZelandaPropiedad Intelectual

Marta Zaballos del Río.

En diciembre de 2017, el gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado una revisión de la Copyright Act de 1994, prevista para 2018. El gobierno precedente planteó la necesidad de formular una consulta pública en el segundo trimestre de 2018, en base a la cual proceder a la reforma de la ley. El nuevo gobierno ha declarado su compromiso con esta iniciativa para revisar la Ley de Propiedad Intelectual y establece que tendrá lugar en abril de 2018.

Esta reforma pretende mantener actualizada la legislación sobre derechos de autor en un contexto que se modifica constantemente. La Copyright Act es un elemento clave en la protección de la propiedad intelectual en Nueva Zelanda, de hecho, cubre aspectos tan importantes como la protección de los derechos de autor, las infracciones, excepciones y limitaciones, medidas para su cumplimiento etc.

Entre los principales objetivos de la actual reforma, el gobierno pretende contrastar los resultados de la aplicación de la ley; identificar las barreras que impiden la consecución de objetivos del régimen de derechos de autor del país y el nivel de impacto de las mismas; y formular un enfoque adecuado para conseguir estos objetivos.

Así, la revisión planteará cuestiones como el bloqueo de páginas web, el puerto seguro y la cuestión del “fair use”, entre otras. El principal tema a tratar será el problema de la brecha de valor o “value gap” esto es, la diferencia injustificada entre los ingresos que obtiene la industria musical por los servicios online financiados  a través de publicidad, renuentes a pagar regalía por el uso de las obras dado que son los usuarios los que suben los contenidos  a la red, y los ingresos que perciben de los servicios exclusivos de música online que se financian a través de suscripciones, dispuestos a negociar y pagar la remuneración debida. Así de acuerdo con IFPI, las plataformas de streaming que trabajan con un modelo de suscripción, cuentan con 68 millones de usuarios y pagan alrededor de 2 mil millones de dólares. En cambio, las plataformas que operan bajo el modelo de publicidad cuentan con 900 millones de usuarios y pagan 634 millones de dólares.

En 2008, tuvo lugar una revisión de la ley de propiedad intelectual, la Reforma para las Nuevas Tecnologías. En la Sección 92, la reforma incluía previsiones con respecto a la responsabilidad de los proveedores de servicios en Internet. Por un lado, prevé la obligación de los proveedores de acceso para suspender las cuentas de los infractores reincidentes. Además, se especifica que, en el caso de que un usuario infrinja los derechos de autor sobre una obra protegida sin consentimiento de los titulares de derechos, el proveedor de acceso no será responsable penal o civilmente.

No obstante, en caso de prestadores de servicio de alojamiento, cuando estos almacenan contenido protegido por derechos de autor, serán responsables de la infracción cuando se demuestre que sabían o debían saber que el material era ilícito y, cuando tras un requerimiento, no elimina el material infractor. Por último, en caso de los prestadores de servicios que realizan una copia temporal de los datos solicitados por los usuarios, estos no infringirán los derechos de autor siempre que no modifiquen, organicen o actualicen el material infractor.

En 2011, la Reforma para el Intercambio de Archivos, diseñó un sistema para reaccionar de manera más eficiente ante las infracciones de propiedad intelectual. De acuerdo con este, cuando los infractores reciban más de un requerimiento por parte de los titulares de derechos de autor, el proveedor de acceso puede proceder a su desconexión de Internet.

Para concluir, es preciso destacar que a raíz de los cambios tecnológicos que trae consigo la Sociedad de la Información, es evidente que casi todos los países deben adaptar sus legislaciones a este contexto que cuenta con nuevas formas de difusión de los contenidos.  De esta forma, el gobierno de Nueva Zelanda pretende modificar la ley al mismo tiempo que se desarrollan las nuevas tecnologías y asegurarse de que resulta acorde con la era digital.

 

Fuentes: Torrent Freak.

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